ORGANISMOS
Y ASOCIACIONES |
La OCU analiza el comportamiento ético de la banca La OCU ha analizado los aspectos clave de la RSC que dan al consumidor las garantías de comportamiento ético: Políticas sociales y medioambientales de sus servicios financieros y en distintos ámbitos; políticas sobre presencia en paraísos fiscales; transparencia del gobierno corporativo, derechos de los accionistas y consejo de administración; transparencia en RSC: cooperación con el estudio y canal de comunicación sobre aspectos éticos con el consumidor. De los resultados se extrae que, aunque todos los bancos analizados están adheridos a algún acuerdo internacional sobre directrices éticas, la mayoría de las entidades todavía tienen políticas muy limitadas. Además las entidades financieras se muestran reticentes a la hora de dar datos sobre algunos aspectos de su política de RSC publicitada, con lo cual, el derecho del consumidor a estar informado sobre el destino del dinero que confía a la entidad se ve vulnerado. La OCU considera que para que una entidad financiera pueda considerarse como socialmente responsable, debe tener unas adecuadas políticas sociales y medioambientales, de transparencia, gobierno corporativo y fraude fiscal y además implementar esas políticas a través de sistemas de gestión que permitan realizar verificaciones y formar a sus empleados. Estos compromisos son voluntarios pero desde el momento en que se hacen públicos, se convierten en una exigencia para los consumidores. Por esto, los consumidores tienen derecho a saber dónde se invierte su dinero, y a que las entidades financieras pongan todas las herramientas necesarias para garantizar el cumplimiento de sus políticas de una manera transparente. -. Que se mejoren las políticas éticas en el sector bancario, y que se apliquen estas políticas a todas las ramas de la actividad bancaria. -. Los consumidores deben poder conocer las políticas sobre RSC que su entidad adopta en todos los ámbitos, por lo que se deben hacer públicas estas políticas y su campo de aplicación. -. Que se promueva el establecimiento de una lista de empresas y proyectos éticamente controvertidos, a iniciativa de la Comisión Europea y basado en normas europeas o internacionales adoptadas por los Estados miembros. -. Las entidades deben de estar obligados a declarar sus inversiones directas e indirectas, y sus préstamos y financiaciones, cuando el importe supere los 10 millones de euros y los beneficiarios figuren en la lista de empresas y proyectos éticamente controvertidos. -. El consumidor debe poder conocer si las políticas de responsabilidad social que su entidad dice que adopta, finalmente se llevan a la práctica. El control y la verificación de los datos declarados deben realizarse por las instancias nacionales competentes, haciendo público el resultado. |